SANTA FE, 17 de Junio de 2008.-
Señor Presidente
H. Cámara de Diputados
Don. EDUARDO DI POLLINA
PRESENTE:
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter de Bloque de Diputados de la UCR, integrante del Frente Progresista, Cívico y Social en esta H. Cámara a los fines de solicitarle la convocatoria a una Sesión Extraordinaria y/o Especial a los fines de considerar la situación política en el marco de nuestra Provincia en virtud de los hechos que son de dominio público como consecuencia del prolongado conflicto originado en la protesta agropecuaria con el apoyo de numerosos sectores de la población.
Entendiendo que la resolución de la crisis debe buscarse en el marco exclusivo de la institucionalidad, y sin desconocer que corresponde al Gobierno de la Nación instar los mecanismos para lograr un consenso que hoy se torna imprescindible para la tranquilidad social y el fortalecimiento de la Democracia, lo que no ha ocurrido hasta el momento, ello no obsta a que el Parlamento Provincial aborde la problemática en cuestión e invite a los legisladores de la Provincia de Santa Fe ante el Congreso Nacional a estar presentes en dicha oportunidad. Es evidente que ante un conflicto que lleva más de tres meses sin poderse encontrar un punto de inflexión que evite consecuencias no queridas para el conjunto del pueblo, y particularmente en el marco provincial que permita superar los efectos directos que se advierten en las diferentes economías regionales y que impactan negativamente en la implementación de políticas públicas esenciales, debe intentarse una solución desde la política y en este caso a través de los representantes populares que a su vez expresan la visión de organizaciones políticas que deben proyectar su mirada en una perspectiva superadora de cualquier conflicto o diferendo de sector.
En tal sentido la invitación a los Senadores y Diputados Nacionales por la Provincia de Santa Fe no debe ser interpretada como una actitud voluntarista o simplificadora de la problemática en cuestión, sino como un elemento que permita recuperar institucionalidad, habida cuenta que quienes han recibido un mandato popular que debe tener en cuenta los intereses de la Provincia en su conjunto, están obligados a involucrarse en la búsqueda de una solución al problema planteado y conocer directamente un debate legislativo que permita lograr alternativas superadoras a la situación de conflicto existente.
Las posiciones irreductibles no llevarán a nada positivo y mucho menos pensar que sólo el Poder Ejecutivo Nacional debe ser el único actor hasta ahora en una intransigencia inconducente, máxime cuando la problemática ya se ha instalado en el marco de la H. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que debería expedirse con la inmediatez que el actual tiempo político demanda, y en tal sentido resulta política e institucionalmente legítimo que el Parlamento santafesino exprese su opinión en el contexto nacional e inste los mecanismos a su alcance para lograr la superación de la crisis político-institucional existente. Es evidente que el problema planteado presenta una fuerte impronta política que excede cualquier reclamo de sector, por lo que si las organizaciones políticas se marginan en la búsqueda de soluciones sólo crece el descontento popular y las manifestaciones de espontaneísmo, las que más allá de reflejar la bronca o la aparición de dirigentes individuales, la historia de nuestro país nos ha demostrado desde siempre que toda salida política implica un marco de concertación que supere cualquier tentación anárquica con escaso margen de retorno.
No es este un momento en el que resulte conducente tratar de imponer posiciones sino que debe producirse una síntesis superadora, la cual sólo es posible en tanto y cuanto se habilite el mecanismo institucional para el debate de ideas y propuestas que logren el consenso necesario, y en tal sentido el Parlamento, tanto nacional como provincial, es el ámbito natural para aventar espontaneísmos, actitud soberbias o provocaciones beligerantes poco conducentes.
Estando la Legislatura en período ordinario de sesiones no resultaría de aplicación el Art. 40 in fine de nuestra Constitución Provincial, aunque existen graves asuntos de interés público, por lo que se funda esta petición en el Art. 28, inc. b), subinc. 3) del Reglamento de nuestra Cámara de Diputados, para investir a la sesión del carácter especial atento la temática expresada, oportunidad en la que deberá solicitarse a los legisladores nacionales de nuestra provincia que participen en el debate nacional, recuperando facultades propias del Congreso, asegurando el federalismo y los mecanismos de coparticipación a las provincias y exhortar a la H. Corte Suprema de Justicia de la Nación el avocamiento y resolución del recurso planteado sobre el tema en cuestión.Sin otro particular y aguardando una pronta y favorable resolución a lo peticionado, saludamos a Ud. muy atentamente.
Respecto a las denuncias de intento de golpe de Estado, Gerardo Morales, junto a los diputados Oscar Aguad (Córdoba), Silvana Giudici (C.A.B.A) y José Ignacio García Hamilton (Tucumán), señaló que “si realmente existe alguna sospecha, Luis D´Elía debe presentarse ante la justicia con pruebas en el marco de la ley de Defensa de la Democracia que está plenamente vigente”.“D´Elía no actúa por sí, sino como vocero del gobierno -denunció-. Nos preocupa que mientras jueces y fiscales persiguen dirigentes agropecuarios u opositores, no haya nadie preocupado por conocer en base a qué hechos D´Elía hace semejante acusación. Si algún fiscal ha tomado nota de las declaraciones de este piquetero debería convocarlo para presentar las pruebas correspondientes”.
