Raúl Alfonsín
1927-2009
1927-2009
Timonel en tiempos difíciles, artesano de un duro trabajo. De la misma nobleza que aquello que nos recuerda Pericles quien, cierta vez que caminaba por la Acrópolis de Atenas observó a un hombre que afanosamente trabajaba un bloque de piedra, con un martillo y un cincel, bajo el implacable sol, no pudiendo dejar de exclamar “duro trabajo, en tiempos difíciles”, obteniendo como simple respuesta “ni es duro el trabajo, ni los tiempos son tan difíciles, o tal vez no me importen ambas cosas: simplemente soy un ciudadano y estoy construyendo nuestra ciudad”.
Raúl Alfonsín, artesano de nuestra ciudad, constructor de nuestra República, nació en Chacomús el 12 de marzo de 1927. Hijo mayor de seis hermanos del matrimonio de Ana Foulkes y Serafín Alfonsín, su bisabuelo materno, inmigrante galés, participó de la revolución de 1893 encabezada por Hipólito Yrigoyen. Uno de los hijos, el abuelo de Raúl, fue concejal radical de su ciudad de 1928 a 1930. Su padre, español de origen, lo hizo partícipe de los ideales republicanos durante la Guerra Civil Española. Cursó la escuela primaria en su pueblo y la secundaria en el Liceo General San Martín.
Inició la lucha política partidaria en 1945 en la Unión Cívica Radical, mientras estudiaba abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Ya abogado, se casó con María Lorenza Berreneche, con quien tuvo seis hijos. Veintitrés nietos y doce bisnietos completan una familia muy unida.
Fue concejal, legislador provincial, diputado y senador nacional. Presidió el radicalismo de la provincia de Buenos Aires y, en cuatro oportunidades, el Comité Nacional. En noviembre de 1998 fue designado vicepresidente de la Internacional Socialista.
Durante la dictadura militar (1976-1983), llevó a cabo una ardua labor en el campo de los derechos humanos. Como abogado de numerosos perseguidos políticos y como co-fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) luchó incansablemente en defensa de la libertad.
En 1982, en medio de la euforia colectiva relacionada a la "recuperación" de las Islas Malvinas, fue uno de los pocos dirigentes de relevancia nacional que se negó a participar de un acto político realizado en las islas, y del que participaron dirigentes de todo el espectro ideológico. Desde su inicio, consideró a la guerra como una demencial aventura.
A pesar del generalizado sentimiento en la opinión pública de que el peronismo sería un claro ganador, en las elecciones que se realizaron el 30 de octubre de 1983 triunfó con el 51,7% de los votos. El 10 de diciembre -día internacional de los Derechos Humanos- asumió la Presidencia de la Nación.
La transición democrática argentina enfrentó dos grandes problemas. Por un lado, la consolidación del sistema democrático, su difusión hacia todos los ámbitos de la sociedad y la relación con las Fuerzas Armadas. Por el otro, la fuertemente desfavorable situación económica internacional, la crisis de la deuda externa y los condicionamientos de la inflación.
Entre 1984 y 1989, en América Latina el flujo de capitales autónomos tuvo niveles negativos de casi 20.000 millones de dólares al año; los precios de las exportaciones y, consecuentemente, los términos del intercambio tuvieron su piso histórico en 30 años (los productos primarios se vendían un 30% mas bajo que en el gobierno de Néstor Kirchner). Incluso la tasa de interés que se afrontó fue una de las mas altas del siglo por la política recesiva del gobierno republicano de los Estados Unidos.
Sin embargo, el gobierno radical tuvo detrás de sí una fuerza nueva: la civilidad. Hombres y mujeres eligieron construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos debían someterse para consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, transparente y equitativa.
En su diagnóstico de la crisis, el gobierno consideró que los problemas políticos tenían mayor urgencia que los económicos. Lo fundamental era superar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana fundada en la solidaridad.
Se propendió a la libertad de expresión y de opinión, encaminada a una sociedad de participación, pluralista, con rechazo a los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el Congreso Pedagógico y se eliminó la censura en las actividades artísticas. Se hicieron profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Se crearon espacios de promoción de los derechos de género y de la infancia. Se facilitó la vuelta del exilio de los intelectuales.
En el campo de las relaciones individuales, se promulgó la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida.
Para las relaciones exteriores, se promovió una política coherente de acercamiento a los países en vías de desarrollo, y de madurez y respeto con los desarrollados, en la mejor tradición de convivencia internacional “los hombres sean sagrados para los hombres como los pueblos son sagrados para los pueblos”. También, se impulsó la integración regional, constituyendo el Mercosur. Se selló la paz con Chile, luego de un inédito plebiscito con amplia participación.
Se impulsó la democratización sindical y el Consejo para la consolidación de la democracia. Incluso el traslado de la capital federal a la Patagonia simbolizaba una visión estratégica del federalismo que se respetó a rajatablas.
La independencia de los poderes fue un valor en sí mismo. La Justicia, con jueces que trabajaron en absoluta autonomía, transcurrió tiempos de transición de la más violenta dictadura a la democracia incipiente en libertad. El Congreso debatió cambios centrales de la legislación argentina, con fecundo diálogo entre oficialismo y oposición, sin presiones o extorsiones.
Sin embargo, la democracia llegaba a un país con una larga tradición de gobiernos militares que habían impuesto el terrorismo de Estado o, incluso, llevado a la guerra.
Apenas 5 días después de asumir la presidencia, promulgó los decretos 157/83 y 158/83, donde se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; y procesar , también, a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.
Al mismo tiempo envió al Congreso un proyecto declarando nula la llamada ley de auto-amnistía Nº 22.924 dictada por el gobierno militar. Una semana después el proyecto se transformaba en la primera ley de la democracia, con el Nº 23.040.
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su informe conocido mundialmente y titulado “Nunca Más”, presentado ante una multitud de 70.000 personas.
El 4 de octubre, la Cámara Federal (tribunal civil) toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas militares. A cargo del juicio donde se trataron 281 casos, entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, estuvieron los fiscales Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo, y los camaristas Ricardo Gil Lavedra, Andrés Dalessio, León Aslanian, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Araoz y Guillermo Ledesma.
El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.
Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica. Así, cuando en 2007 una sentencia judicial, coincidente con la voluntad legislativa, declara la inconstitucionalidad de los indultos, o meses después reciben su sentencia los genocidas –a pesar de que la medida les llega en el final de sus vidas–, se reafirma el compromiso general de seguir luchando por la verdad, la justicia y la memoria.
El gobierno democrático estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos. Para intentar mantener bajo control el descontento en los militares, en 1986 personalmente instó al Congreso a que sancionara la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad.
Como reacción a dicha iniciativa, en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas” dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas y, consecuentemente, reprimir la insurrección, millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del orden constitucional. Durante varios días el país estuvo a borde de la guerra civil.
Frente a una plaza de Mayo plena anuncia, desde la Casa de Gobierno, el envío de tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. Poco después habría de darse cuenta que esas tropas, en los hechos, no existían. Una sola de las unidades convocadas en la Capital Federal, respondió a la orden aunque a su paso fue detenida por oficiales de rango medio.
Por su lucha y su tenacidad manifiesta para superar obstáculos, aún sin perder los principios, más que un cambio de gobierno, en 1983, Raúl Alfonsín encara una ruptura de la continuidad, un cambio de época. He ahí la raíz profunda y fundacional de una democracia que llegó para quedarse.
Cuando en el mundo estaban sucediendo transformaciones de fondo que poco a poco se irían denominando "globalización", creó la Fundación Argentina para la Libertad de Información, FUALI, para estudiar en profundidad los cambios políticos, sociales y económicos, junto al análisis inclusive de su propia gestión de gobierno e incentivar la capacitación de cuadros políticos.
Fue artífice y protagonista de la Convención Constituyente de Santa Fé–Paraná de 1994, que permitió entre otras cosas la incorporación de los derechos de los pueblos originarios, de los consumidores, la elección directa de los senadores y de la fórmula presidencial, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, y la nueva definición institucional del control público a través de la Auditoría General de la Nación. El funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la inclusión de herramientas participación como la iniciativa popular, y la nueva metodología para la designación de jueces, también lo tuvieron como protagonista.
El 24 de marzo de 2006, al cumplirse 30 años del golpe militar, encabezó multitudinario un acto frente a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el que reivindicó el rol de su gobierno en el juicio a las juntas y su política de derechos humanos.
En su vida política recibió más de treinta condecoraciones internacionales. Y se le ha otorgado 15 doctorados honoris causa de universidades nacionales y del exterior.
Raúl Alfonsín un hombre de coraje, ético y transparente.
El mejor Presidente de la democracia hizo honor a su palabra y, aunque debió realizar concesiones, con obsesión buscó en la construcción de consensos el camino que debe tomar una sociedad cada día más compleja.
Raúl Alfonsín, artesano de nuestra ciudad, constructor de nuestra República, nació en Chacomús el 12 de marzo de 1927. Hijo mayor de seis hermanos del matrimonio de Ana Foulkes y Serafín Alfonsín, su bisabuelo materno, inmigrante galés, participó de la revolución de 1893 encabezada por Hipólito Yrigoyen. Uno de los hijos, el abuelo de Raúl, fue concejal radical de su ciudad de 1928 a 1930. Su padre, español de origen, lo hizo partícipe de los ideales republicanos durante la Guerra Civil Española. Cursó la escuela primaria en su pueblo y la secundaria en el Liceo General San Martín.
Inició la lucha política partidaria en 1945 en la Unión Cívica Radical, mientras estudiaba abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Ya abogado, se casó con María Lorenza Berreneche, con quien tuvo seis hijos. Veintitrés nietos y doce bisnietos completan una familia muy unida.
Fue concejal, legislador provincial, diputado y senador nacional. Presidió el radicalismo de la provincia de Buenos Aires y, en cuatro oportunidades, el Comité Nacional. En noviembre de 1998 fue designado vicepresidente de la Internacional Socialista.
Durante la dictadura militar (1976-1983), llevó a cabo una ardua labor en el campo de los derechos humanos. Como abogado de numerosos perseguidos políticos y como co-fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) luchó incansablemente en defensa de la libertad.
En 1982, en medio de la euforia colectiva relacionada a la "recuperación" de las Islas Malvinas, fue uno de los pocos dirigentes de relevancia nacional que se negó a participar de un acto político realizado en las islas, y del que participaron dirigentes de todo el espectro ideológico. Desde su inicio, consideró a la guerra como una demencial aventura.
A pesar del generalizado sentimiento en la opinión pública de que el peronismo sería un claro ganador, en las elecciones que se realizaron el 30 de octubre de 1983 triunfó con el 51,7% de los votos. El 10 de diciembre -día internacional de los Derechos Humanos- asumió la Presidencia de la Nación.
La transición democrática argentina enfrentó dos grandes problemas. Por un lado, la consolidación del sistema democrático, su difusión hacia todos los ámbitos de la sociedad y la relación con las Fuerzas Armadas. Por el otro, la fuertemente desfavorable situación económica internacional, la crisis de la deuda externa y los condicionamientos de la inflación.
Entre 1984 y 1989, en América Latina el flujo de capitales autónomos tuvo niveles negativos de casi 20.000 millones de dólares al año; los precios de las exportaciones y, consecuentemente, los términos del intercambio tuvieron su piso histórico en 30 años (los productos primarios se vendían un 30% mas bajo que en el gobierno de Néstor Kirchner). Incluso la tasa de interés que se afrontó fue una de las mas altas del siglo por la política recesiva del gobierno republicano de los Estados Unidos.
Sin embargo, el gobierno radical tuvo detrás de sí una fuerza nueva: la civilidad. Hombres y mujeres eligieron construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos debían someterse para consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, transparente y equitativa.
En su diagnóstico de la crisis, el gobierno consideró que los problemas políticos tenían mayor urgencia que los económicos. Lo fundamental era superar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana fundada en la solidaridad.
Se propendió a la libertad de expresión y de opinión, encaminada a una sociedad de participación, pluralista, con rechazo a los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el Congreso Pedagógico y se eliminó la censura en las actividades artísticas. Se hicieron profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Se crearon espacios de promoción de los derechos de género y de la infancia. Se facilitó la vuelta del exilio de los intelectuales.
En el campo de las relaciones individuales, se promulgó la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida.
Para las relaciones exteriores, se promovió una política coherente de acercamiento a los países en vías de desarrollo, y de madurez y respeto con los desarrollados, en la mejor tradición de convivencia internacional “los hombres sean sagrados para los hombres como los pueblos son sagrados para los pueblos”. También, se impulsó la integración regional, constituyendo el Mercosur. Se selló la paz con Chile, luego de un inédito plebiscito con amplia participación.
Se impulsó la democratización sindical y el Consejo para la consolidación de la democracia. Incluso el traslado de la capital federal a la Patagonia simbolizaba una visión estratégica del federalismo que se respetó a rajatablas.
La independencia de los poderes fue un valor en sí mismo. La Justicia, con jueces que trabajaron en absoluta autonomía, transcurrió tiempos de transición de la más violenta dictadura a la democracia incipiente en libertad. El Congreso debatió cambios centrales de la legislación argentina, con fecundo diálogo entre oficialismo y oposición, sin presiones o extorsiones.
Sin embargo, la democracia llegaba a un país con una larga tradición de gobiernos militares que habían impuesto el terrorismo de Estado o, incluso, llevado a la guerra.
Apenas 5 días después de asumir la presidencia, promulgó los decretos 157/83 y 158/83, donde se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; y procesar , también, a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.
Al mismo tiempo envió al Congreso un proyecto declarando nula la llamada ley de auto-amnistía Nº 22.924 dictada por el gobierno militar. Una semana después el proyecto se transformaba en la primera ley de la democracia, con el Nº 23.040.
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su informe conocido mundialmente y titulado “Nunca Más”, presentado ante una multitud de 70.000 personas.
El 4 de octubre, la Cámara Federal (tribunal civil) toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas militares. A cargo del juicio donde se trataron 281 casos, entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, estuvieron los fiscales Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo, y los camaristas Ricardo Gil Lavedra, Andrés Dalessio, León Aslanian, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Araoz y Guillermo Ledesma.
El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.
Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica. Así, cuando en 2007 una sentencia judicial, coincidente con la voluntad legislativa, declara la inconstitucionalidad de los indultos, o meses después reciben su sentencia los genocidas –a pesar de que la medida les llega en el final de sus vidas–, se reafirma el compromiso general de seguir luchando por la verdad, la justicia y la memoria.
El gobierno democrático estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos. Para intentar mantener bajo control el descontento en los militares, en 1986 personalmente instó al Congreso a que sancionara la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad.
Como reacción a dicha iniciativa, en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas” dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas y, consecuentemente, reprimir la insurrección, millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del orden constitucional. Durante varios días el país estuvo a borde de la guerra civil.
Frente a una plaza de Mayo plena anuncia, desde la Casa de Gobierno, el envío de tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. Poco después habría de darse cuenta que esas tropas, en los hechos, no existían. Una sola de las unidades convocadas en la Capital Federal, respondió a la orden aunque a su paso fue detenida por oficiales de rango medio.
Por su lucha y su tenacidad manifiesta para superar obstáculos, aún sin perder los principios, más que un cambio de gobierno, en 1983, Raúl Alfonsín encara una ruptura de la continuidad, un cambio de época. He ahí la raíz profunda y fundacional de una democracia que llegó para quedarse.
Cuando en el mundo estaban sucediendo transformaciones de fondo que poco a poco se irían denominando "globalización", creó la Fundación Argentina para la Libertad de Información, FUALI, para estudiar en profundidad los cambios políticos, sociales y económicos, junto al análisis inclusive de su propia gestión de gobierno e incentivar la capacitación de cuadros políticos.
Fue artífice y protagonista de la Convención Constituyente de Santa Fé–Paraná de 1994, que permitió entre otras cosas la incorporación de los derechos de los pueblos originarios, de los consumidores, la elección directa de los senadores y de la fórmula presidencial, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, y la nueva definición institucional del control público a través de la Auditoría General de la Nación. El funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la inclusión de herramientas participación como la iniciativa popular, y la nueva metodología para la designación de jueces, también lo tuvieron como protagonista.
El 24 de marzo de 2006, al cumplirse 30 años del golpe militar, encabezó multitudinario un acto frente a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el que reivindicó el rol de su gobierno en el juicio a las juntas y su política de derechos humanos.
En su vida política recibió más de treinta condecoraciones internacionales. Y se le ha otorgado 15 doctorados honoris causa de universidades nacionales y del exterior.
Raúl Alfonsín un hombre de coraje, ético y transparente.
El mejor Presidente de la democracia hizo honor a su palabra y, aunque debió realizar concesiones, con obsesión buscó en la construcción de consensos el camino que debe tomar una sociedad cada día más compleja.
Juventud Radical
31 de marzo de 2009
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