El debate sobre la conveniencia o no de la derogación de la ley que redujo el número de concejales en las ciudades de Rosario y Santa Fe (ley Borgonovo) tiene extraordinaria importancia, ya que se trata de una cuestión que directamente determina la calidad de la democracia en la ciudad. Por eso es necesario analizar objetivamente la situación que dio lugar a la ley y, a la luz del tiempo transcurrido, ver si en realidad remedia o profundiza los males que supuestamente venía a solucionar.
Recordemos que la ley fue ideada en el fragor de los cacerolazos, en tiempos de una fuerte protesta popular que tenia como destinatarios a la política en general y a los políticos en particular. Eran tiempos de absoluta crisis de representación, pero de una crisis motivada por una parte en el fracaso del modelo económico, la exclusión, la miseria, la inseguridad; y por la otra, en la corrupción, el doble discurso, la mentira que caracterizó la vida política de los 90. Frente al abismo abierto entre la sociedad y la política, se instaló el supuesto que para cerrar la brecha solamente se necesitaba una reforma política profunda.
Se trataba de una verdad a medias, basada en un diagnostico simplista, pero los creativos que nunca faltan se abocaron a ella montándose en otro reclamo: el de disminuir los gastos de la política. Es obvio que, a juzgar por los resultados, cualquier dinero puesto en el sistema político aparece como excesivo, pero esto es una consecuencia y no una causa de la crisis de representación. Aun así, se aprobó en la provincia una ley que disminuye la cantidad de concejales en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Una medida que supuestamente venía a resolver un problema de la sociedad –la crisis de representación– cuando en realidad lo que hace es profundizarla, veamos si no:
En primer lugar cuanto menor es la cantidad de miembros que tiene un cuerpo legislativo menores son las posibilidades que tienen las minorías de conseguir bancas. En el caso de Rosario por ejemplo, gracias a esta ley es necesario obtener un mínimo de 40.000 votos para conseguir un lugar en el Concejo, lo que motivó que ninguno de los grupos políticos que aparecieron precisamente para expresar intereses que no se veían representados por los partidos políticos tradicionales pudieran llegar a tener representantes.
En segundo lugar, cuando las minorías se quedan sin representación, éstas son ejercidas en forma casi exclusiva por el que gana (oficialismo) y en menor medida por el que sale segundo. Eso conspira contra la calidad de la democracia, porque justamente es el Concejo Municipal quien debe fiscalizar, controlar al departamento Ejecutivo. En los hechos ocurre que la ley generó una fuerte pérdida del control, impidió la llegada de expresiones políticas nuevas, y dejó a la intendencia con una mayoría automática en el Concejo con todo lo que esto significa y significó, recordemos nada más el aumento del boleto, y el aumento del impuesto municipal que a pesar de los reclamos y la oposición de todos los demás partidos fueron aprobados por la mayoría automática del oficialismo y ni hablar de los temas que nunca alcanzan estado de tratamiento en el recinto porque los rechazan directamente en las comisiones.
Con esta ley se repite en Rosario lo que tanto combatimos y que tantos trastornos y dolor nos ha causado en la provincia, donde hay una Constitución absurda que le otorga mayoría absoluta en el Poder Legislativo al partido que gana la gobernación. Es increíble que aún así haya dirigentes políticos con una fuerte tradición democrática que defiendan su continuidad. ¿Demagogia?, ¿ignorancia?
En su momento, se argumentó que con esta ley se disminuiría el gasto de la política, lo que lógicamente generó adhesiones de la gente. Pero si miramos lo que ocurrió con el presupuesto del Concejo, vamos a ver que esta no fue ni puede ser hoy la razón de su implementación: el presupuesto de Rosario le asigna al Concejo Municipal el 1,8 por ciento del global, lo que está por debajo de lo considerado correcto según pautas nacionales e internacionales. Ese porcentaje además, sigue siendo el mismo que tenía cuando eran 42 concejales y ahora sólo son 22.
Para mantenerla se dice también que no hay que modificar las leyes de manera oportunista, que no se deben alterar las reglas de juego. Es cierto que los que ayer impulsaron esta norma hoy la quieren sacar y es válido pensar que algún interés tuvieron entonces que no era precisamente el de la ciudadanía. Pero este no puede ser motivo suficiente para que quienes antes eran los primeros en advertir los perjuicios que esta ley le traería a la democracia, hoy estén a favor de mantenerla.
De ser así, es válido pensar que quienes hoy quieren seguir con la norma, aun cuando estuvieron en contra de su sanción, lo hacen también por intereses similares.
En todo caso entonces el argumento del oportunismo sirve en ambas direcciones, antes le convenía al PJ y ahora le conviene al PS. La pregunta es: ¿cuándo haremos lo que le conviene a la gente?
Desde mi perspectiva, lo verdaderamente importante debe ser despejar este tremendo engaño error que es la ley Borgonovo porque, de esta manera, más allá de que convenga o no a nuestros intereses partidarios coyunturales, estaremos dando el paso en el sentido correcto.
Quienes defienden hoy la continuidad de la ley recurren a un argumento falaz y efectista diciendo que se quiere aumentar el número de concejales y con ello el gasto, cuando en realidad, como vimos, éste no disminuyó y si lo que se quiere es limitarlo basta con sancionar un artículo que fije un tope máximo del porcentaje del presupuesto global. Pero además, sí debemos desandar el camino de la reducción de bancas para evitar los efectos proscriptivos que tiene sobre las minorías, y la pérdida de controles sobre el Departamento Ejecutivo, con lo que ello significa y sus consecuencias: la degradación de la ya escasa credibilidad en el sistema republicano.
A favor de mantener la ley también se esgrime contradictoriamente la defensa de la autonomía y la necesidad de la reforma constitucional en la provincia. Por empezar, la ley de reducción de concejales fue y es francamente contraria de la autonomía. Sobre todo si tenemos en cuenta que fue sancionada mucho después de la reforma de la Constitución nacional del 94, con nuestra propia reforma constitucional pendiente y con una amplia y difundida aceptación de la autonomía a los municipios de primer grado como un valor entendido por todos. Ese fue el contexto en el que se impuso la modificación de las composiciones de los cuerpos colegiados de Rosario y Santa Fe: sin hacerles ningún tipo de consulta.
Suspender sus efectos entonces protege el futuro de una autonomía consensuada, evitando mayores daños, dando tiempo para que, una vez sancionada la reforma constitucional, sean los propios concejos, en el uso de la autonomía, quienes determinen el número de representantes directos de los rosarinos en el Concejo municipal.
¿Qué pasaría si la autonomía llegara hoy cuando los efectos definitivos de la ley ya se han consumado? Lamentablemente la discusión sobre la forma definitiva la harán unos pocos debatiendo casi exclusivamente la visión y los intereses de un par de partidos políticos.
En definitiva, la derogación de la ley Borgonovo en los hechos significa: mantener el mismo presupuesto para el Concejo Municipal. No aumentarlo. Garantizar la participación de las minorías, no excluirlas y así evitar la instalación de mayorías automáticas. Reafirmar nuestro compromiso con la autonomía garantizando que, cuando ésta sea plena, la discusión de los temas que hagan a su ejercicio se concreten con la mayor diversidad posible de actores (no sólo con mayorías). Apoyar la necesidad de una reforma constitucional, que entre otras, termine también con el sistema de mayorías y minorías en la Legislatura provincial, cambiándolo por un sistema proporcional que evite las nefastas mayorías automáticas, sean éstas del signo que sean.
Recordemos que la ley fue ideada en el fragor de los cacerolazos, en tiempos de una fuerte protesta popular que tenia como destinatarios a la política en general y a los políticos en particular. Eran tiempos de absoluta crisis de representación, pero de una crisis motivada por una parte en el fracaso del modelo económico, la exclusión, la miseria, la inseguridad; y por la otra, en la corrupción, el doble discurso, la mentira que caracterizó la vida política de los 90. Frente al abismo abierto entre la sociedad y la política, se instaló el supuesto que para cerrar la brecha solamente se necesitaba una reforma política profunda.
Se trataba de una verdad a medias, basada en un diagnostico simplista, pero los creativos que nunca faltan se abocaron a ella montándose en otro reclamo: el de disminuir los gastos de la política. Es obvio que, a juzgar por los resultados, cualquier dinero puesto en el sistema político aparece como excesivo, pero esto es una consecuencia y no una causa de la crisis de representación. Aun así, se aprobó en la provincia una ley que disminuye la cantidad de concejales en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Una medida que supuestamente venía a resolver un problema de la sociedad –la crisis de representación– cuando en realidad lo que hace es profundizarla, veamos si no:
En primer lugar cuanto menor es la cantidad de miembros que tiene un cuerpo legislativo menores son las posibilidades que tienen las minorías de conseguir bancas. En el caso de Rosario por ejemplo, gracias a esta ley es necesario obtener un mínimo de 40.000 votos para conseguir un lugar en el Concejo, lo que motivó que ninguno de los grupos políticos que aparecieron precisamente para expresar intereses que no se veían representados por los partidos políticos tradicionales pudieran llegar a tener representantes.
En segundo lugar, cuando las minorías se quedan sin representación, éstas son ejercidas en forma casi exclusiva por el que gana (oficialismo) y en menor medida por el que sale segundo. Eso conspira contra la calidad de la democracia, porque justamente es el Concejo Municipal quien debe fiscalizar, controlar al departamento Ejecutivo. En los hechos ocurre que la ley generó una fuerte pérdida del control, impidió la llegada de expresiones políticas nuevas, y dejó a la intendencia con una mayoría automática en el Concejo con todo lo que esto significa y significó, recordemos nada más el aumento del boleto, y el aumento del impuesto municipal que a pesar de los reclamos y la oposición de todos los demás partidos fueron aprobados por la mayoría automática del oficialismo y ni hablar de los temas que nunca alcanzan estado de tratamiento en el recinto porque los rechazan directamente en las comisiones.
Con esta ley se repite en Rosario lo que tanto combatimos y que tantos trastornos y dolor nos ha causado en la provincia, donde hay una Constitución absurda que le otorga mayoría absoluta en el Poder Legislativo al partido que gana la gobernación. Es increíble que aún así haya dirigentes políticos con una fuerte tradición democrática que defiendan su continuidad. ¿Demagogia?, ¿ignorancia?
En su momento, se argumentó que con esta ley se disminuiría el gasto de la política, lo que lógicamente generó adhesiones de la gente. Pero si miramos lo que ocurrió con el presupuesto del Concejo, vamos a ver que esta no fue ni puede ser hoy la razón de su implementación: el presupuesto de Rosario le asigna al Concejo Municipal el 1,8 por ciento del global, lo que está por debajo de lo considerado correcto según pautas nacionales e internacionales. Ese porcentaje además, sigue siendo el mismo que tenía cuando eran 42 concejales y ahora sólo son 22.
Para mantenerla se dice también que no hay que modificar las leyes de manera oportunista, que no se deben alterar las reglas de juego. Es cierto que los que ayer impulsaron esta norma hoy la quieren sacar y es válido pensar que algún interés tuvieron entonces que no era precisamente el de la ciudadanía. Pero este no puede ser motivo suficiente para que quienes antes eran los primeros en advertir los perjuicios que esta ley le traería a la democracia, hoy estén a favor de mantenerla.
De ser así, es válido pensar que quienes hoy quieren seguir con la norma, aun cuando estuvieron en contra de su sanción, lo hacen también por intereses similares.
En todo caso entonces el argumento del oportunismo sirve en ambas direcciones, antes le convenía al PJ y ahora le conviene al PS. La pregunta es: ¿cuándo haremos lo que le conviene a la gente?
Desde mi perspectiva, lo verdaderamente importante debe ser despejar este tremendo engaño error que es la ley Borgonovo porque, de esta manera, más allá de que convenga o no a nuestros intereses partidarios coyunturales, estaremos dando el paso en el sentido correcto.
Quienes defienden hoy la continuidad de la ley recurren a un argumento falaz y efectista diciendo que se quiere aumentar el número de concejales y con ello el gasto, cuando en realidad, como vimos, éste no disminuyó y si lo que se quiere es limitarlo basta con sancionar un artículo que fije un tope máximo del porcentaje del presupuesto global. Pero además, sí debemos desandar el camino de la reducción de bancas para evitar los efectos proscriptivos que tiene sobre las minorías, y la pérdida de controles sobre el Departamento Ejecutivo, con lo que ello significa y sus consecuencias: la degradación de la ya escasa credibilidad en el sistema republicano.
A favor de mantener la ley también se esgrime contradictoriamente la defensa de la autonomía y la necesidad de la reforma constitucional en la provincia. Por empezar, la ley de reducción de concejales fue y es francamente contraria de la autonomía. Sobre todo si tenemos en cuenta que fue sancionada mucho después de la reforma de la Constitución nacional del 94, con nuestra propia reforma constitucional pendiente y con una amplia y difundida aceptación de la autonomía a los municipios de primer grado como un valor entendido por todos. Ese fue el contexto en el que se impuso la modificación de las composiciones de los cuerpos colegiados de Rosario y Santa Fe: sin hacerles ningún tipo de consulta.
Suspender sus efectos entonces protege el futuro de una autonomía consensuada, evitando mayores daños, dando tiempo para que, una vez sancionada la reforma constitucional, sean los propios concejos, en el uso de la autonomía, quienes determinen el número de representantes directos de los rosarinos en el Concejo municipal.
¿Qué pasaría si la autonomía llegara hoy cuando los efectos definitivos de la ley ya se han consumado? Lamentablemente la discusión sobre la forma definitiva la harán unos pocos debatiendo casi exclusivamente la visión y los intereses de un par de partidos políticos.
En definitiva, la derogación de la ley Borgonovo en los hechos significa: mantener el mismo presupuesto para el Concejo Municipal. No aumentarlo. Garantizar la participación de las minorías, no excluirlas y así evitar la instalación de mayorías automáticas. Reafirmar nuestro compromiso con la autonomía garantizando que, cuando ésta sea plena, la discusión de los temas que hagan a su ejercicio se concreten con la mayor diversidad posible de actores (no sólo con mayorías). Apoyar la necesidad de una reforma constitucional, que entre otras, termine también con el sistema de mayorías y minorías en la Legislatura provincial, cambiándolo por un sistema proporcional que evite las nefastas mayorías automáticas, sean éstas del signo que sean.
16-09-08
Por Juan Carlos Millet
Vicepresidente primero
de la UCR de Santa Fe.
Vicepresidente primero
de la UCR de Santa Fe.
No hay comentarios:
Publicar un comentario