Democratizar hoy la universidad, significa reivindicar su autonomía; asegurar su gratuidad e incorporar lacultura de la calidad universitaria al desarrollo autónomo de las universidades. La autonomía universitaria fue, es y sigue siendo un principio insoslayable. Hoy, a la histórica autonomía debemos agregar la autonomía del Mercado.
MÓNICA MARQUINA
es Profesora investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. EsLicenciada en Ciencias de la Educación (UBA), Master of Arts en Higher Education Administration (Boston College) y Candidata a PHd del Doctorado en Educación Superior de la Universidad de Palermo,Cátedra Unesco. Dirigió y dirige proyectos de investigación en temas de política universitaria y es autora yco autora de varios libros, capítulos y artículos en publicaciones nacionales e internacionales.-
El avance del conocimiento y la complejización de los procesos sociales y económicos hacen que hoy no seasuficiente contar con educación media. Esto es así no sólo cuando se piensa en la adquisición de competenciaspara la incorporación al mercado laboral sino, también, cuando se trata de pensar en una real inserciónciudadana de los jóvenes.Resulta por tanto fundamental, cuando se piensa en un proyecto educativo de unasociedad democrática y avanzada de mediano y largo plazo, asegurar el derecho a la educación superior paratodos. Este derecho, no obstante, no se limita a facilitar el acceso, mediante políticas de admisión abierta a launiversidad o a la educación terciaria. Democratizar el nivel implica, además, asegurar la permanencia y laculminación de los estudios superiores, con educación de equivalente calidad. A diferencia de otros países, launiversidad argentina ha tenido desde siempre una fuerte tradición democrática. La Reforma del 18 sentó lasbases de ese modelo universitario abierto a nuevos sectores sociales, en el marco de universidadesdemocráticamente organizadas. Pero sería un error sostener los principios de aquella epopeya con alcance aLatinoamérica en el contexto de aquel entonces, con sólo tres universidades y unos pocos cientos deestudiantes. A casi un siglo de aquella experiencia democrática, resulta necesario resignificar la reformauniversitaria del 18 al contexto de la actualidad. Democratizar hoy la universidad, significa: 1) Reivindicar suAUTONOMÍA; 2) asegurar UNA VERDADERA gratuidad; 3) Democratizar la COORDINACIÓN del sistema; y 4) incorporar la cultura de la CALIDAD UNIVERSITARIA al desarrollo autónomo de las universidades.
1) Reivindicar la autonomía a la luz de la realidad actual
La autonomía universitaria fue, es y sigue siendo un principio insoslayable. Las principales funciones de crear y transmitir conocimiento sólo pueden cumplirse en una universidad libre e independiente de toda influenciaexterna. Pero hoy, a la histórica autonomía respecto del ESTADO debemos agregar la autonomía del MERCADO. Las lógicas competitivas y de productividad del trabajo académico, las demandas externas porofertas educativas de rápido impacto, así como las demandas de I&D desde el sector productivo hoy deben seranalizadas con las misma preocupación que, en otros tiempos, se veía a la intervención del estado.Sin embargo, hoy una universidad autónoma del estado y del mercado no significa una universidad aislada dela sociedad. La Universidad Pública debe estar atenta al cumplimiento de su función social, mirando hacia unhorizonte más lejano de las necesidades inmediatas de un gobierno de turno, o de los requerimientos urgentesy cambiantes del sector productivo. La Universidad pública debe colocarse a la cabeza del desarrollo y lainnovación, adelantándose a las necesidades de cambio y marcando camino para el avance de la sociedad en suconjunto. Este rol clave de la universidad sólo es posible ejercerlo en el marco de su autonomía. En la actualcomplejidad de nuestra sociedad, resulta fundamental pensar en un sistema universitario diversificado, coninstituciones pensadas para sus propios entornos. Por tanto, ninguna ley debe entrometerse en su organizacióninterna, su gobierno, y en sus fines.El desafío, por tanto, debiera ser el de garantizar esta autonomía incorporando a la vez a las universidades a lasdecisiones nacionales sobre el desarrollo del país. Pero el gobierno no les dirá a ellas qué y cómo tienen quehacer las cosas. La política de la zanahoria ha generado graves daños a las universidades durante los ´90, alpromover la competencia mercantil entre ellas. En el marco de una nueva relación con el gobierno, lasuniversidades no debieran ser instrumentos del desarrollo, sino socias del mismo. Tener a las universidades desocias en el plan de desarrollo nacional es incorporarlas a los espacios nacionales de discusión de metas y objetivos nacionales. Es decir, transformarlas en agentes claves de la modernización democrática de la sociedad.
2) Asegurar una verdadera gratuidad y acceso abierto
Hoy no alcanza con sostener el principio de una universidad sin aranceles. Si bien esta debe ser una premisaque debe incluirse en la futura ley, para desterrar todo resabio neoliberal de los ´90, el grave problemauniversitario hoy es que genera en los jóvenes la falsa ilusión de un acceso abierto y democrático. Más del 40%de los jóvenes que entra a la universidad se queda en el camino, y no puede terminar ya sea porque debe salir atrabajar, o porque esta universidad, abre sus puertas pero no garantiza a los jóvenes en más desventaja socialcondiciones para permanecer. Un sistema darwiniano está detrás de la aparente democracia universitaria de noarancel e ingreso abierto. El más capaz y con mejores condiciones sociales es el que llega, y esto debeterminarse con políticas que, además de asegurar la gratuidad, apoyen a los estudiantes a elegir sus carreras, acomprar sus materiales de estudio, y a asegurar la continuación y graduación. En este marco, sólo es concebibleuna verdadera política nacional de becas, cuyo monto no sea simbólico sino que permita concentrar a los chicosen sus estudios para poder concluirlos y estar en condiciones de entrar al mercado laboral calificado.Además, es necesario fomentar desde el gobierno una política de apoyo continuo al estudiante, que ayude a lasinstituciones a sostener de manera continua ±y no con programas esporádicos- tutorías, servicios de salud,bienestar, articulación con el nivel medio, etc. para asegurar condiciones aceptables para el mejor aprendizaje.Ir más allá de la ilusión democratizadora de ingreso abierto significará una educación universitaria gratuita y un gobierno nacional que apoye a las universidades a garantizar el acceso, permanencia y graduación de sus estudiantes.
3) Un sistema universitario coordinado y democrático
El crecimiento en el número de universidades nacionales con diferentes fines y características requiereasegurar condiciones de coordinación del sistema universitario en el marco de políticas nacionales comunes. Eldesafío es cómo compatibilizar esa coordinación con la autonomía anteriormente mencionada.La clave está en cómo asegurar un crecimiento del sistema universitario público en el marco de una planificación nacional, y no dejarlo librado a criterios ajenos vinculados más con la extensión territorial del poder político local o nacional. Crear una universidad exige un detenido trabajo de análisis acerca de dónde,por qué y para qué es necesaria una nueva institución en el marco de un plan de desarrollo del país. Crear una nueva universidad pública es una enorme responsabilidad también pública, que no debe estar ligada a intereses particulares de los que resulta imposible identificar un requerimiento social verdadero. Como en todas las áreas de gobierno, estas decisiones deben ser consistentes con una política nacional de desarrollo y planificación.En este marco, resultará necesario también democratizar las propias instancias de coordinación del sistema universitario. Para que la participación de las instituciones en los ámbitos de coordinación sean genuinas y legítimas, se hace necesario revisar la experiencia reciente, y replantear los criterios de representación en dichos ámbitos. En este sentido, quizá sea el momento de repensar dicha participación institucional democrática a partir de las historias, tamaños y funciones de las universidades.
4) Calidad y evaluación universitaria
Finalmente, democratizar la universidad significa asegurar desde el gobierno procesos que garanticen lacalidad de las mismas. Es urgente evaluar los 15 años de funcionamiento de los mecanismos de evaluación y acreditación universitaria, a cargo de la CONEAU, de cara a pensar nuevos instrumentos que ayuden aincorporar la cultura de la evaluación como parte de la gestión autónoma de las universidades.Si bien la experiencia ha sido muy rica, seguramente hay mucho por revisar y perfeccionar a fin de que estosprocesos terminen de ser vistos desde las universidades como exigencias externas, amenazas o intromisionesque en muchos casos generan sólo maquillajes de mejoramiento en los problemas que aún perduran. Estosaños de experiencia de evaluación deberían servir para encontrar los mejores caminos que permitan a lasuniversidades incorporar a la evaluación como parte propia de su desarrollo institucional permanente y cotidiano. La cultura de la evaluación y la calidad significa dejar de ver a la evaluación como un control oinspección externa. La autoevaluación permanente de la calidad debe formar parte de un proceso interno demejor continua. Sólo de esta forma los cambios serán verdaderos y legítimos, y sólo de esta forma esa mejorarepercutirá en la formación de nuestros jóvenes, y en mayores niveles de calidad y pertinencia de lasinvestigaciones, por cierto claves e importantes para el desarrollo del país.
¿Una ley para todo esto?
En estos últimos años viene quedando pendiente el debate sobre una nueva ley de educación superior que darámarco al funcionamiento del sistema universitario en su conjunto, desterrando el último bastión normativo ±educativo del menemismo. Sin embargo, en los debates llevados a cabo hasta ahora, se advierte una expectativadesmesurada acerca de que esta futura norma resolverá todos los problemas de la educación superior. Todas las líneas de política que aquí se han mencionado pudieron haberse llevado a cabo con o sin una nueva ley. Pareciera no advertirse que, pasados más de ocho años de posmenemismo, las diferentes gestionesnacionales en materia universitaria no han hecho demasiado por trasformar el nivel, aún cuando no fueranecesario un cambio de norma para ello. No se ha tratado de la ausencia de una nueva norma democratizadora,sino de la ausencia de voluntad política por democratizar la universidad con los instrumentos disponibles.Sin embargo, esto no significa que no sea necesaria una nueva ley. Hay que estar atentos y dispuestos aparticipar de los debates que necesariamente deben darse, para pensar entre todos los sectores involucradosuna ley de educación superior para el mediano y largo plazo. Una ley que no cambie con los gobiernos, y que ensu carácter de ley marco establezca principios generales, instaure sistemas de definición de políticas públicaspara el sector y defina reglas de funcionamiento claras que permitan periódicamente definir metas y, a partirde ellas, diseñar programas específicos en otras instancias de regulación.
