No es posible elaborar una política integral, seria y a largo plazo sobre seguridad, sin una cierta autonomíade algunas instituciones claves como la UIF en materia de lavado de dinero. No es suficiente la creación deun tipo penal para resolver el problema, como reza el informe del organismo, es necesario un conjuntointegral de políticas a corto, mediano y largo plazo, consensuadas entre el gobierno y oposición.
FERNANDO MINGUEZ
es abogado. Actualmente se desempeña en la Secretaría Penal del JuzgadoFederal Nº 1 de la ciudad de Córdoba. Especialista en Derecho Penal Económico. Docente adscripto a laCátedra de Criminilogía y Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Y Adscripto a la Cátedra deDerecho Penal 1 y 2 de la Universidad Siglo 21 de Córdoba.
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismointergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales,proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal. Estas medidas intentanimpedir que dichos productos se utilicen en actividades delictivas futuras y que afecten a las actividadeseconómicas lícitas. El GAFI está actualmente integrado por 26 países y dos organismos internacionales. Entresus miembros se encuentran los principales centros financieros de Europa, América del Norte y Asia. Es unorganismo multidisciplinario (condición fundamental para luchar contra el blanqueo de capitales), que reúne aexpertos encargados de adoptar medidas sobre cuestiones jurídicas, financieras y operativas. La necesidad deabarcar todos los aspectos relevantes de la lucha contra el blanqueo de capitales se refleja en el conjunto de lascuarenta recomendaciones que el GAFI ha decidido aplicar y cuya adopción se promueve en todos los países.Las Recomendaciones se redactaron inicialmente en 1990.En 1996, las cuarenta Recomendaciones se revisaron para reflejar la experiencia de los últimos seis años y loscambios experimentados en materia de blanqueo de capitales. Las cuarenta Recomendaciones constituyen elmarco básico de lucha contra el blanqueo de capitales y han sido concebidas para una aplicación universal. Abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, y la cooperacióninternacional. Los países del GAFI se han comprometido claramente a aceptar la disciplina de estar sujetos auna vigilancia multilateral y a evaluaciones mutuas. La aplicación de las cuarenta Recomendaciones por partede los países miembros se supervisa a través de un doble enfoque: un ejercicio anual de autoevaluación y unproceso más detallado de evaluación mutua según el cual cada país miembro está sujeto a un examen sobre elterreno. Además, el GAFI realiza exámenes horizontales de las medidas adoptadas para aplicar determinadas Recomendaciones.
En los últimos años, una serie de convenciones internacionales han reconocido la utilidad de la UIF dentro delos sistemas modernos contra el lavado de dinero y han exhortado a los estados partes de estas convenciones aque creen unidades de inteligencia financiera. Estas son (según el orden de apertura a la firma), la Convenciónpara la Represión de la financiación del Terrorismo (1999), la Convención de las Naciones Unidas contra elCrimen Organizado Transnacional (2001) y la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas(2003). La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional exige que losestados miembros ³garanticen que las autoridades administrativas, de contralor, los órganos de seguridad uotras« se encuentren facultadas para cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional« y a tal fin, considerarán la creación de una unidad de inteligencia financiera que funcione como centro nacionalpara la recepción, análisis y comunicación relativa a un potencial lavado de dinero´ En el día 22 de octubre del 2010 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elaboró un informe en el que se dejaba constancia deque la Argentina no combatía el lavado de dinero, es decir que quedaba sometida a un régimen de revisiónespecial. Es por eso que desde el Gobierno se intentó convencer al presidente del organismo, Luis UrrutiaCorral, de que elaboró un plan de acción para corregir las enormes deficiencias. En su última reunión plenariaen París, el GAFI emitió un dictamen donde dejó constancia que la Argentina no cumple con 47 de las 49normas que guían la lucha contra el lavado de dinero, señaló 250 deficiencias y colocó al país bajo un "procesode seguimiento riguroso e intensivo". Entre las principales críticas planteadas, se destacaban la legislaciónpositiva argentina en la materia, sus deficiencias técnicas plantadas ya en el año 2004 y aún no resueltas;inoperancia de la UIF para el análisis de operaciones sospechosas; escasos avances observados en el PoderJudicial para investigar y condenar casos; avance del Poder Ejecutivo sobre la autonomía del Banco Central;limitaciones en la eficiencia de la supervisión de las instituciones financieras y necesidad de armonizar y actualizar las normas y requisitos para las instituciones financieras. Ante la posibilidad de que la Argentina seasancionada por el GAFI en la reunión plenaria de febrero de 2011 -cuando vencieran los 100 días que elorganismo dio para poner las cosas en orden-, el coordinador nacional de políticas antilavado, AlejandroStrega, reclamó a todas las áreas de Gobierno, en forma urgente, elaborar un plan de acción. Una sanciónpodría tener consecuencias graves para las transacciones financieras y comerciales con el exterior. Tras laaprobación del informe crítico sobre su sistema antilavado -lo que afrontó la Argentina en octubre último-, elprimer paso es el envío de una carta a sus autoridades y el segundo es la visita de una delegación de alto nivel,lo que ocurrió en diciembre pasado. El cuarto paso es la suspensión de su membresía en el GAFI, y el último, suexpulsión.El reporte elaborado por el GAFI, planteaba que todo el arco político, nacional y provincial, deberá explicarese compromiso antilavado si pretende evitar que se inicie la siguiente y más complicada fase, que podríaterminar con la Argentina en la ³lista gris´ del Organismo en Octubre de 2011, para eso, el gobierno y laoposición deberán acordar una larga lista de leyes, y de proveer de más y mejores recursos humanos y técnicosa la polémica Unidad de Información Financiera (UIF) y a otros organismos, éstos a la vez, deberán coordinaresfuerzos, según consta en el reporte que redactó la misión de expertos que visitó y analizó el país. De esemodo, la Argentina continúa bajo una supervisión especial hasta junio del 2011, cuando el pleno del Organismo vuelva a reunirse en México. Todas estas contingencias que atraviesa la argentina no han sido más queproductos de una relación causal frente al peligroso autismo del gobierno con respecto a las observaciones,sugerencias y críticas prevenientes de organismos internacionales o multilaterales, y si bien la realidad indicaque estos modelos en el mundo actual tienen sus límites, toda vez que las eventuales sanciones internacionalespueden efectivamente perjudicar cuando se trata principalmente de países no centrales, las estadísticasdemuestran que hay un marco de acciones delictivas que proliferan a la sobra de la impunidad de delitos decuello blanco como el lavado de activos, sobre todo en materia de tráfico de estupefacientes. Con fecha 23 deFebrero de 2011 el ministro de justicia Julio Alak, acompañado por el titular de la UIF José Sbattella, presentóen París un informe ante el plenario del GAFI, asegurando que el gobierno esta aplicando una gran cantidad demedidas para luchas contra el lavado del dinero.El día 15 de abril del corriente año, con el fin de evitar una sanción de parte del citado Organismo, la bancadaoficial obtuvo dictamen de mayoría, con el fin de modificar el tipo penal que castiga el lavado de dinero, paraque deje de ser una modalidad de encubrimiento, como hasta ahora y pase a ser un delito autónomo, ya que eltipo actual requiere el esclarecimiento del delito precedente, dificultad que hizo que, desde la sanción de la ley de lavado de dinero, en abril de 2000, solo se dictara una condena por este delito. Mientras que la oposiciónunificada, en dictamen de minoría, propuso además algunas medidas para que la UIF (Unidad de InvestigaciónFinanciera) gane autonomía. Las dos propuestas difieren, en lo relativo a la UIF, el oficialismo propone que ladesignación de su titular siga, como hasta ahora, a cargo del Poder Ejecutivo y le da al organismo la capacidadde querellar, es decir, de intervenir en las causas judiciales sobre lavado; mientras que la oposición, proponeque los postulantes integren una terna que surja de un concurso dirigido por un jurado de expertos, que lasautoridades de la UIF tengan un mandato de seis años y que sólo puedan ser destituidas a partir de unaconsulta previa al Congreso, en igual mecanismo que el establecido para los directores del Banco Central. Esteúltimo no es un tema menor, teniendo en cuenta que entre algunas de las críticas más importantes al gobierno,elaboradas por el GAFI, fue el avance del Poder Ejecutivo sobre la autonomía de los distintos organismos. Noes posible elaborar una política integral, seria y a largo plazo sobre seguridad, sin una cierta autonomía dealgunas instituciones claves como la UIF en materia de lavado de dinero. No es suficiente la creación de un tipopenal para resolver el problema, como reza el informe del organismo, es necesario un conjunto integral depolíticas a corto, mediano y largo plazo, consensuadas entre el gobierno y oposición.
³Queremos una UIF profesional. Esto no es un lugar para un puntero´
, sostuvo el Dr. Rcardo Gil Lavedra en el marco del debate. Lafalta de seriedad de las decisiones del gobierno en esta materia, sin políticas integrales, puede caer en una seriede reformas voluntaristas, cosméticas e inocuas
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