Por Gerardo Morales
El colapso del Fuero Federal de la Seguridad Social resulta de una evidencia incontrastable. La crisis no es nueva. Ya en 2006 el Consejo de la Magistratura, tomando nota de la onda expansiva de los juicios laborales, creó cinco juzgados y una sala de Cámara.
Porque todos los litigios tienen carácter alimentario y la mayoría de los litigantes son jubilados, la ampliación es fundamental; incluso, ante el riesgo de vulnerar media docena de derechos consagrados en la Constitución.
La situación es alarmante y ha alcanzado su cota máxima. Si en 2008 se llegó al techo de 52.606 causas, al año siguiente ingresaron 103.614, y sólo en los dos primeros meses de este año se iniciaron 27.927 expedientes. Son más de 200.000 los juicios contra el Estado.
Los procesos no admiten dilaciones. Su carácter social potencia aún más la gravedad de la crisis. Dar una solución eficiente y oportuna es colocar en condiciones adecuadas de funcionamiento a los órganos judiciales y poner sobre el tapete la responsabilidad del Estado en su deber de administrar justicia.
El paso del tiempo resulta crucial frente a las edades avanzadas de los accionantes. La mayoría de las sentencias que se dictan ordenan reajustes, que luego deben ser llevados a cabo por la Anses en trámites de sentencia de gran complejidad donde, la mayoría de las veces, se incurre en graves errores que aumentan los plazos a términos insostenibles. Expedientes con sentencia firme de 1992 aún se encuentran en etapa de ejecución.
Los jubilados tienen un solo ámbito para defender sus derechos: el Fuero de la Seguridad Social. No se puede seguir maquillando el cadáver. La ineficiencia de la Anses es la principal responsable del síncope.
Poner en funcionamiento diez juzgados, dos defensorías y una fiscalía de primera instancia; tres salas y una fiscalía de Cámara, con una defensoría, se estima en menos de 40 millones de pesos. Cifra irrisoria frente a los millonarios gastos de publicidad oficial.
El acceso a la Justicia es un derecho humano. La Argentina se ha comprometido en Tratados Internacionales, no sólo a proteger el derecho de iniciar la demanda sino, y fundamentalmente, a resolver el litigio en tiempo oportuno.
A los mayores no les sobra tiempo. Es una gran injusticia soportar cualquier demora para ver satisfecho un derecho. Es prioritaria la creación de nuevos juzgados de Seguridad Social que agilicen los juicios otorgando Justicia a quienes con su trabajo han construido el país.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1280267
El colapso del Fuero Federal de la Seguridad Social resulta de una evidencia incontrastable. La crisis no es nueva. Ya en 2006 el Consejo de la Magistratura, tomando nota de la onda expansiva de los juicios laborales, creó cinco juzgados y una sala de Cámara.
Porque todos los litigios tienen carácter alimentario y la mayoría de los litigantes son jubilados, la ampliación es fundamental; incluso, ante el riesgo de vulnerar media docena de derechos consagrados en la Constitución.
La situación es alarmante y ha alcanzado su cota máxima. Si en 2008 se llegó al techo de 52.606 causas, al año siguiente ingresaron 103.614, y sólo en los dos primeros meses de este año se iniciaron 27.927 expedientes. Son más de 200.000 los juicios contra el Estado.
Los procesos no admiten dilaciones. Su carácter social potencia aún más la gravedad de la crisis. Dar una solución eficiente y oportuna es colocar en condiciones adecuadas de funcionamiento a los órganos judiciales y poner sobre el tapete la responsabilidad del Estado en su deber de administrar justicia.
El paso del tiempo resulta crucial frente a las edades avanzadas de los accionantes. La mayoría de las sentencias que se dictan ordenan reajustes, que luego deben ser llevados a cabo por la Anses en trámites de sentencia de gran complejidad donde, la mayoría de las veces, se incurre en graves errores que aumentan los plazos a términos insostenibles. Expedientes con sentencia firme de 1992 aún se encuentran en etapa de ejecución.
Los jubilados tienen un solo ámbito para defender sus derechos: el Fuero de la Seguridad Social. No se puede seguir maquillando el cadáver. La ineficiencia de la Anses es la principal responsable del síncope.
Poner en funcionamiento diez juzgados, dos defensorías y una fiscalía de primera instancia; tres salas y una fiscalía de Cámara, con una defensoría, se estima en menos de 40 millones de pesos. Cifra irrisoria frente a los millonarios gastos de publicidad oficial.
El acceso a la Justicia es un derecho humano. La Argentina se ha comprometido en Tratados Internacionales, no sólo a proteger el derecho de iniciar la demanda sino, y fundamentalmente, a resolver el litigio en tiempo oportuno.
A los mayores no les sobra tiempo. Es una gran injusticia soportar cualquier demora para ver satisfecho un derecho. Es prioritaria la creación de nuevos juzgados de Seguridad Social que agilicen los juicios otorgando Justicia a quienes con su trabajo han construido el país.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1280267
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