En la actualidad resulta prioritario discutir en profundidad, con seriedad y serenidad las cuestiones más importantes de la agenda política. Sin embargo, las estrategias del gobierno de sortear el camino democrático y republicano, hacen percibir que la búsqueda de soluciones para los temas decisivos queda cada vez más lejos. Campo; pobreza o corrupción, entre otros, han sido desplazados por acción del kirchnerismo en su intento desesperado por enfrentar la desconfianza y el descrédito de la sociedad.
El tratamiento en el Congreso de una legislación central como la Ley de Medios Audiovisuales, cae en profundas irregularidades por el apuro y la falta de debate apropiado en un marco de inusitada violencia, impropio de cualquier poder del Estado.
La Argentina necesita una legislación moderna e integral sobre medios de comunicación y sus realidades tecnológicas, pero sobre todo precisa una ley que garantice las libertades de expresión, de opinión, de prensa y de acceso a la información; y, además, asegure pluralidad de opiniones, igualdad de acceso y democratización de la comunicación, evitando cualquier concentración.
Los rasgos claramente objetables del proyecto oficial nos obligan a oponernos. La tendencia al autoritarismo junto a las evidentes violaciones constitucionales y el manejo arbitrario, se manifiestan en la pretensión de una autoridad de aplicación dependiente del poder de turno, junto a una alta injerencia estatal en la aplicación de las normas y en el control del uso de las licencias. Por otro lado, el régimen sancionatorio exhibe una falta de determinación del procedimiento aplicable, como así también una imprecisión en las conductas prohibidas y sus sanciones, lo que lesiona el principio de legalidad.
Temas ignorados por la iniciativa oficialista como el manejo y control de la pauta publicitaria oficial o el derecho a la información pública, desnudan otro aspecto bien allegado al autoritarismo. La propuesta vuelve a lo que mas le gusta al kirchnerismo: la extorsión, el apriete y los condicionamientos.
Esta ley es el instrumento que le faltaba a Kirchner para replicar el modelo Santa Cruz. Por más cambios que ha intentado la Presidente o sus diputados, está claro que el núcleo duro quedó intacto: más restricción, menos democracia.
En función de sus principios liminares, doctrina e historia, UCR en su dictamen defiende las libertades y el cumplimiento de las normas internacionales que protegen los derechos democráticos básicos; al tiempo que expone la necesidad de ponerle un límite a este gobierno aún a riesgo de afectar muchos intereses.
Desde el Radicalismo advertimos que el Estado -en el uso de sus atribuciones- es el administrador del bien público “espectro radioeléctrico”, y en ese sentido, promovemos su regulación pero sin lesionar garantías constitucionales. Asimismo, establecemos normas restrictivas a la conformación de posiciones dominantes; sostenemos la distribución equitativa y federal de la pauta publicitaria oficial; promovemos el desarrollo de la emisión en todo territorio nacional; creamos una autoridad de aplicación independiente y autárquica del poder central; sustentamos un régimen federal de asignación de licencias, a través de autoridades locales; democratizamos las autorizaciones y licencias por concurso (oponiéndonos de la discrecionalidad que promueve el gobierno); y contemplamos la innovación tecnológica para, por ejemplo, la TV digital, entre otras cuestiones fundamentales.
Estas son las bases de una legislación de fondo, junto a las iniciativas relacionadas con la despenalización de los delitos de calumnias e injurias para el ejercicio del periodismo y el derecho a réplica, vienen a forjar una verdadera política pública en materia de radiodifusión. Es decir, el cuerpo normativo que la Argentina democrática del siglo XXI reclama.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
El tratamiento en el Congreso de una legislación central como la Ley de Medios Audiovisuales, cae en profundas irregularidades por el apuro y la falta de debate apropiado en un marco de inusitada violencia, impropio de cualquier poder del Estado.
La Argentina necesita una legislación moderna e integral sobre medios de comunicación y sus realidades tecnológicas, pero sobre todo precisa una ley que garantice las libertades de expresión, de opinión, de prensa y de acceso a la información; y, además, asegure pluralidad de opiniones, igualdad de acceso y democratización de la comunicación, evitando cualquier concentración.
Los rasgos claramente objetables del proyecto oficial nos obligan a oponernos. La tendencia al autoritarismo junto a las evidentes violaciones constitucionales y el manejo arbitrario, se manifiestan en la pretensión de una autoridad de aplicación dependiente del poder de turno, junto a una alta injerencia estatal en la aplicación de las normas y en el control del uso de las licencias. Por otro lado, el régimen sancionatorio exhibe una falta de determinación del procedimiento aplicable, como así también una imprecisión en las conductas prohibidas y sus sanciones, lo que lesiona el principio de legalidad.
Temas ignorados por la iniciativa oficialista como el manejo y control de la pauta publicitaria oficial o el derecho a la información pública, desnudan otro aspecto bien allegado al autoritarismo. La propuesta vuelve a lo que mas le gusta al kirchnerismo: la extorsión, el apriete y los condicionamientos.
Esta ley es el instrumento que le faltaba a Kirchner para replicar el modelo Santa Cruz. Por más cambios que ha intentado la Presidente o sus diputados, está claro que el núcleo duro quedó intacto: más restricción, menos democracia.
En función de sus principios liminares, doctrina e historia, UCR en su dictamen defiende las libertades y el cumplimiento de las normas internacionales que protegen los derechos democráticos básicos; al tiempo que expone la necesidad de ponerle un límite a este gobierno aún a riesgo de afectar muchos intereses.
Desde el Radicalismo advertimos que el Estado -en el uso de sus atribuciones- es el administrador del bien público “espectro radioeléctrico”, y en ese sentido, promovemos su regulación pero sin lesionar garantías constitucionales. Asimismo, establecemos normas restrictivas a la conformación de posiciones dominantes; sostenemos la distribución equitativa y federal de la pauta publicitaria oficial; promovemos el desarrollo de la emisión en todo territorio nacional; creamos una autoridad de aplicación independiente y autárquica del poder central; sustentamos un régimen federal de asignación de licencias, a través de autoridades locales; democratizamos las autorizaciones y licencias por concurso (oponiéndonos de la discrecionalidad que promueve el gobierno); y contemplamos la innovación tecnológica para, por ejemplo, la TV digital, entre otras cuestiones fundamentales.
Estas son las bases de una legislación de fondo, junto a las iniciativas relacionadas con la despenalización de los delitos de calumnias e injurias para el ejercicio del periodismo y el derecho a réplica, vienen a forjar una verdadera política pública en materia de radiodifusión. Es decir, el cuerpo normativo que la Argentina democrática del siglo XXI reclama.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
LA REUNION DE COMITE FEDERAL Y NACIONAL
Con la presencia del titular del Comité Nacional, Gerardo Morales; el presidente de la Convención Nacional, Hipólito Solari Yrigoyen; el vicepresidente, José Cano (Tucumán); el secretario general, Mario Jaraz (Chaco); el tesorero, Raúl Salmoirago (Misiones); y los secretarios Miguel Bazze (Buenos Aires), Luis Naidenoff (Formosa), Emiliano Afara (Córdoba), Jorge Astone (Buenos Aires), Dardo Villa (Tucumán), y María Luisa Storani (Buenos Aires); y los titulares de la JR, Juan Nosiglia, y de la Franja Morada, Sergio Duarte, comenzó después de este mediodía –jueves 16 de septiembre- la reunión de la conducción radical para analizar la situación política en general, y en particular, la legislación sobre Radiodifusión en tratamiento en la Cámara baja que dio origen a esta declaración pública.
Participaron del encuentro, además, el jefe de los senadores radicales, Ernesto Sanz, y los diputados nacionales Miguel Giubergia; Silvana Giudici; Heriberto Martínez Oddone; Sandra Rioboó; Margarita Beberaggi; Carlos Ulrich; Luciano Fabris; y Liliana Bayonzo; los senadores Alfredo Martinez y Roy Nikich; los legisladores electos, Ricardo Alfonsín; Juan Pedro Tunessi, Juan Casañas; Atilio Benedetti; Ricardo Gil Lavedra y Eugenio Artaza; y los jóvenes radicales Nahuel Ibazeta, Miguel Pedone y Pablo Amador.
En la oportunidad, también se destacó el trabajo en los bloques parlamentarios donde se presentaron sendos proyectos de creación de comisiones investigadoras de la situación de los medicamentos falsos que fueron detectados en obras sociales sindicales. Al respecto, en la Cámara baja, el diputado Miguel Giubergia encabezó la presentación de un proyecto de Resolución creando una Comisión Especial Investigadora que tendrá por objeto investigar los hechos relacionados con la venta ilegal de medicamentos y su posible vinculación con funcionarios públicos y financiamiento de las campañas electorales.
Por su parte, el senador Morales promueve la creación de una comisión bicameral Investigadora de presuntas irregularidades en la fabricación, comercialización y venta de medicamentos, con el objeto de establecer el conocimiento, la investigación y el esclarecimiento de presuntas maniobras irregulares relacionadas con la fabricación, adulteración, comercialización, venta y recetado de los mismos.
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