El diario La Nación del día de la fecha (1/6/08) publica un Informe muy interesante sobre el debate entre “La Política y la Ayuda Social” en nuestro país. Las opiniones recabadas en dicho informe incluyen una gama de consultas a personalidades que van, desde distinguidos académicos de Universidades, hasta políticos y funcionarios pertenecientes a la cartera de Desarrollo Social de la Nación.La lectura del Informe nos ha dejado un sabor amargo, al notar que la problemática es tratada, a nuestro criterio, con poca honestidad intelectual en el análisis estructural del fenómeno y en sus consecuencias sociales, políticas e institucionales. La visión aséptica y atemperada carente de compromiso ideológico del problema de la pobreza en Argentina, poco contribuye a afianzar una lógica de acción colectiva que eche por tierra el creciente proceso de deterioro institucional en el que estamos insertos los argentinos.
La elección presidencial de 2007 puso al descubierto un nuevo paradigma en el plano de las políticas públicas. Un denominador común estuvo presente en las propuestas políticas de los principales partidos contendientes: el tratamiento de “la cuestión social”.
Tanto la plataforma electoral de la Coalición Cívica, como la de la Unión Cívica Radical, a la cual orgullosamente pertenezco, coinciden en señalar como prioridad absoluta: “La Protección universal y la cohesión en el desarrollo social”. ¿Qué significa esto?
Significa que el desarrollo social no es visto aquí como el resultado del derrame de los frutos del crecimiento; sino de políticas que promuevan el entrenamiento profesional demandado por la dinámica del crecimiento, por la reinserción efectiva de los trabajadores en el mercado laboral formal, y la creación de mecanismos de protección y promoción social universales, alertando sobre el peligro que significa la manipulación de las estadísticas y la explotación clientelista de las necesidades de los pobres.
Sabemos que el Gobierno castiga a los sectores sociales más bajos para favorecer a las capas medias-altas de la sociedad. Por eso es importante recuperar la Ley de Coparticipación Fiscal, para terminar con los desequilibrios regionales que son cada vez más acentuados y que castigan a la producción. La aplicación de subsidios no hacen más que perjudicar a los productores, así como la política de acuerdos de precios, no hace más que producir temor y parálisis en las inversiones.
¿Y por qué es importante destacar este hecho? Argentina tiene la tercera parte de la población por debajo de la línea de pobreza. Resulta pues, insoslayable, que el Estado Nacional asuma cuanto antes el compromiso de articular las áreas y competencias que permitan orientar las acciones en los tres niveles estatales: nacional, provincial y municipal. La de Argentina es una pobreza “estructural” que marca una clara heterogeneidad entre pobres. Hay dos categorias de pobres: están los pobres “estructurales” y los “empobrecidos”. Por lo tanto, es necesario implementar políticas de igualdad que partan de considerar las diferencias, así como avanzar en la implementación de un Seguro de Salud y en la modificación del modelo de gestión actual, asegurando una mayor participación de los destinatarios de la asignación familiar a partir de diagnósticos ciertos y precisos de la realidad.
El objetivo que nos deberíamos proponer no puede ser otro que el de garantizar la cohesion social y el desarrollo humano de nuestra población.
La educación como palanca del desarrollo productivo debe estar garantizada por el derecho de acceso de todos los sectores sociales. La Educación es la única garantía posible para la consecusión de la equidad y de una sociedad igualitaria. El 20 % de nuestros niños y niñas sufren de desnutrición y presentan problemáticas de atraso crónico y, por lo tanto, no estarían en condiciones de recibir la oferta educativa. Claro que esta situación no escapa a la realidad de los países de la región, donde conviven, al menos, tres grandes grupos de prestaciones o servicios educativos: 1. Los servicios gratuitos universales implementados a través del dispositivo estatal (caso argentino); 2.- Los servicios basados en ingresos no dinerarios (subsidios); 3.- Los servicios basados en ingresos dinerarios, a través de la prestación de becas.
Nuestro país tiene su raigambre y basamento en la gratuidad de la enseñanza. Pero la realidad actual indica que debemos expandir el servicio a la doble jornada educativa en aquellos casos que lo amerite y desarrollar Programas Nacionales de Capacitación en las provincias para trabajadores que requieren calificaciones, para jóvenes que no han podido concluir la secundaria y para aquellos que habiendo finalizado el ciclo educativo requieren de actualización. Si el Ministerio de Educación de la Nación nos informara como debiera a los ciudadanos y en especial, a los especialistas sobre los resultados de las evaluaciones practicadas seguramente, se podrían evitar las deserciones en el sistema educativo. Pues, estaríamos dotando a los decisiores de una poderosa herramienta que les permitirá reorientar las políticas educativas en aquellos casos que resultaran fracasadas.
No es posible seguir sosteniendo una mirada “piadosa y compasiva” de la cuestión social y menos aún, propiciada desde el propio Estado, a través de la implementación de dispositivos que no hacen más que reforzar la radialidad estatal; asegurando el reforzamiento de vínculos prebendarios con los gobiernos provinciales y municipales. Los argentinos, sin excepción, padecemos los resultados de aquellas modalidades de políticas públicas prebendarias y clientelares, que toman cautivos a los individuos y no les permiten constituirse en ciudadanos.
La sociedad argentina históricamente estuvo ligada al derecho al trabajo. En la actualidad, sólo la tercera parte de la población económicamente activa hace aportes previsionales; el resto, permanece sin servicios sociales (jubilación, cobertura médica, etc). Por eso es importante contemplar de qué manera los trabajadores formales e informales podrán asegurarse de tener cobertura del sistema de seguridad social en un futuro inmediato, sin demagogia ni promesas insustentables. De allí que la implementación de mecanismos universales aplicados en dos segmentos poblacionales: en los chicos y en los viejos, independientemente del sector social al cual pertenezcan, seguramente permitirán un primer paso a la inclusion social.
Todos los chicos tienen que tener derechos a una asignación familiar y a un sistema de previsión social. Para ello habrá que romper con la pauta del modelo de pobreza y de dependencia que lleva a la perversidad de las políticas actuales.
No hay desarrollo sin inclusión social. El mayor capital social que tienen las sociedades es el espíritu de cooperación, de solidaridad, de confianza. Nuestro capital social es muy alto, no lo desperdiciemos. Pongamos manos a la obra.
Lic. Claudia Guebel
Convencional Nacional por la Capital
Unión Cívica Radical
La elección presidencial de 2007 puso al descubierto un nuevo paradigma en el plano de las políticas públicas. Un denominador común estuvo presente en las propuestas políticas de los principales partidos contendientes: el tratamiento de “la cuestión social”.
Tanto la plataforma electoral de la Coalición Cívica, como la de la Unión Cívica Radical, a la cual orgullosamente pertenezco, coinciden en señalar como prioridad absoluta: “La Protección universal y la cohesión en el desarrollo social”. ¿Qué significa esto?
Significa que el desarrollo social no es visto aquí como el resultado del derrame de los frutos del crecimiento; sino de políticas que promuevan el entrenamiento profesional demandado por la dinámica del crecimiento, por la reinserción efectiva de los trabajadores en el mercado laboral formal, y la creación de mecanismos de protección y promoción social universales, alertando sobre el peligro que significa la manipulación de las estadísticas y la explotación clientelista de las necesidades de los pobres.
Sabemos que el Gobierno castiga a los sectores sociales más bajos para favorecer a las capas medias-altas de la sociedad. Por eso es importante recuperar la Ley de Coparticipación Fiscal, para terminar con los desequilibrios regionales que son cada vez más acentuados y que castigan a la producción. La aplicación de subsidios no hacen más que perjudicar a los productores, así como la política de acuerdos de precios, no hace más que producir temor y parálisis en las inversiones.
¿Y por qué es importante destacar este hecho? Argentina tiene la tercera parte de la población por debajo de la línea de pobreza. Resulta pues, insoslayable, que el Estado Nacional asuma cuanto antes el compromiso de articular las áreas y competencias que permitan orientar las acciones en los tres niveles estatales: nacional, provincial y municipal. La de Argentina es una pobreza “estructural” que marca una clara heterogeneidad entre pobres. Hay dos categorias de pobres: están los pobres “estructurales” y los “empobrecidos”. Por lo tanto, es necesario implementar políticas de igualdad que partan de considerar las diferencias, así como avanzar en la implementación de un Seguro de Salud y en la modificación del modelo de gestión actual, asegurando una mayor participación de los destinatarios de la asignación familiar a partir de diagnósticos ciertos y precisos de la realidad.
El objetivo que nos deberíamos proponer no puede ser otro que el de garantizar la cohesion social y el desarrollo humano de nuestra población.
La educación como palanca del desarrollo productivo debe estar garantizada por el derecho de acceso de todos los sectores sociales. La Educación es la única garantía posible para la consecusión de la equidad y de una sociedad igualitaria. El 20 % de nuestros niños y niñas sufren de desnutrición y presentan problemáticas de atraso crónico y, por lo tanto, no estarían en condiciones de recibir la oferta educativa. Claro que esta situación no escapa a la realidad de los países de la región, donde conviven, al menos, tres grandes grupos de prestaciones o servicios educativos: 1. Los servicios gratuitos universales implementados a través del dispositivo estatal (caso argentino); 2.- Los servicios basados en ingresos no dinerarios (subsidios); 3.- Los servicios basados en ingresos dinerarios, a través de la prestación de becas.
Nuestro país tiene su raigambre y basamento en la gratuidad de la enseñanza. Pero la realidad actual indica que debemos expandir el servicio a la doble jornada educativa en aquellos casos que lo amerite y desarrollar Programas Nacionales de Capacitación en las provincias para trabajadores que requieren calificaciones, para jóvenes que no han podido concluir la secundaria y para aquellos que habiendo finalizado el ciclo educativo requieren de actualización. Si el Ministerio de Educación de la Nación nos informara como debiera a los ciudadanos y en especial, a los especialistas sobre los resultados de las evaluaciones practicadas seguramente, se podrían evitar las deserciones en el sistema educativo. Pues, estaríamos dotando a los decisiores de una poderosa herramienta que les permitirá reorientar las políticas educativas en aquellos casos que resultaran fracasadas.
No es posible seguir sosteniendo una mirada “piadosa y compasiva” de la cuestión social y menos aún, propiciada desde el propio Estado, a través de la implementación de dispositivos que no hacen más que reforzar la radialidad estatal; asegurando el reforzamiento de vínculos prebendarios con los gobiernos provinciales y municipales. Los argentinos, sin excepción, padecemos los resultados de aquellas modalidades de políticas públicas prebendarias y clientelares, que toman cautivos a los individuos y no les permiten constituirse en ciudadanos.
La sociedad argentina históricamente estuvo ligada al derecho al trabajo. En la actualidad, sólo la tercera parte de la población económicamente activa hace aportes previsionales; el resto, permanece sin servicios sociales (jubilación, cobertura médica, etc). Por eso es importante contemplar de qué manera los trabajadores formales e informales podrán asegurarse de tener cobertura del sistema de seguridad social en un futuro inmediato, sin demagogia ni promesas insustentables. De allí que la implementación de mecanismos universales aplicados en dos segmentos poblacionales: en los chicos y en los viejos, independientemente del sector social al cual pertenezcan, seguramente permitirán un primer paso a la inclusion social.
Todos los chicos tienen que tener derechos a una asignación familiar y a un sistema de previsión social. Para ello habrá que romper con la pauta del modelo de pobreza y de dependencia que lleva a la perversidad de las políticas actuales.
No hay desarrollo sin inclusión social. El mayor capital social que tienen las sociedades es el espíritu de cooperación, de solidaridad, de confianza. Nuestro capital social es muy alto, no lo desperdiciemos. Pongamos manos a la obra.
Lic. Claudia Guebel
Convencional Nacional por la Capital
Unión Cívica Radical
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