En 2005 se sancionó el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. En un franco intento de adecuar la legislación nacional a la Convención Internacional de Derechos de la Niñez (CIDN), esta norma traduce fielmente el paradigma de los derechos humanos.
Sin embargo, la ley 26.061 tiene un límite. Es sólo un instrumento que debe integrarse a políticas públicas que superen la inequidad. Sigue pendiente una reforma integral que incluya, por ejemplo, asignaciones familiares universales centradas en los niños, lo que demostraría la voluntad real de redistribuir.
La baja condición de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes queda cabalmente demostrada con su explotación, en el trabajo infantil, y la falta de políticas públicas para reprimirlo y erradicarlo.
A fines de 2006, el Senado de la Nación aumentó a 16 años la edad mínima para el ingreso laboral, y se ajustó, así, toda la legislación laboral a los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es hora de que la Cámara de Diputados actúe en consecuencia y complete la sanción de esta norma, lo que constituirá el primer paso efectivo para el verdadero control del problema. Con sólo hablar del peligro de la actividad que los chicos realizan no alcanza. Lo que hay que saber es que en la Argentina, hay chicos y chicas que trabajan porque hay adultos que lo permiten o fomentan.
Más allá de las causas que generan la situación de explotación (que deben analizarse en profundidad) es también fundamental reparar en que cuando un chico trabaja pierde su condición de sujeto de derecho. Es decir: pierde su condición de ciudadano y queda excluido.
Tal como lo establece nuestra Constitución, deben garantizarse los derechos humanos. Las leyes deben remediar las anomalías que se producen, propiciando la ciudadanía a través de políticas públicas universales.
La década del 90 jaqueó a las familias y dejó a miles de argentinos sin trabajo o precarizó sus condiciones laborales, lo que dejó a los menores expuestos a la vorágine del mercado. Se produjo una dura competencia por la supervivencia y hubo para todos los niños explotados un común denominador: la pérdida de sus derechos y el olvido del concepto de que sus padres tenían también derecho a un trabajo decente.
Pese al crecimiento económico de los últimos años y a las retenciones, hechas en nombre de la redistribución de la riqueza, la mayoría de niños que habitan el suelo argentino sufren las consecuencias de tener padres sin ningún tipo de asignación. Indudablemente, y a pesar de pregonar lo contrario en los discursos oficiales, esta situación los deja fuera de los márgenes de la inclusión.
Es el Estado el responsable de desatar los fuertes nudos de los intereses corporativos (empresariales, sindicales, financieros) que sostienen este conservador esquema de explotación.
Superando la retórica vacía, evitaremos más perjudicados y lograremos solidaridad y justicia con las víctimas: los chicos argentinos.
Sin embargo, la ley 26.061 tiene un límite. Es sólo un instrumento que debe integrarse a políticas públicas que superen la inequidad. Sigue pendiente una reforma integral que incluya, por ejemplo, asignaciones familiares universales centradas en los niños, lo que demostraría la voluntad real de redistribuir.
La baja condición de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes queda cabalmente demostrada con su explotación, en el trabajo infantil, y la falta de políticas públicas para reprimirlo y erradicarlo.
A fines de 2006, el Senado de la Nación aumentó a 16 años la edad mínima para el ingreso laboral, y se ajustó, así, toda la legislación laboral a los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es hora de que la Cámara de Diputados actúe en consecuencia y complete la sanción de esta norma, lo que constituirá el primer paso efectivo para el verdadero control del problema. Con sólo hablar del peligro de la actividad que los chicos realizan no alcanza. Lo que hay que saber es que en la Argentina, hay chicos y chicas que trabajan porque hay adultos que lo permiten o fomentan.
Más allá de las causas que generan la situación de explotación (que deben analizarse en profundidad) es también fundamental reparar en que cuando un chico trabaja pierde su condición de sujeto de derecho. Es decir: pierde su condición de ciudadano y queda excluido.
Tal como lo establece nuestra Constitución, deben garantizarse los derechos humanos. Las leyes deben remediar las anomalías que se producen, propiciando la ciudadanía a través de políticas públicas universales.
La década del 90 jaqueó a las familias y dejó a miles de argentinos sin trabajo o precarizó sus condiciones laborales, lo que dejó a los menores expuestos a la vorágine del mercado. Se produjo una dura competencia por la supervivencia y hubo para todos los niños explotados un común denominador: la pérdida de sus derechos y el olvido del concepto de que sus padres tenían también derecho a un trabajo decente.
Pese al crecimiento económico de los últimos años y a las retenciones, hechas en nombre de la redistribución de la riqueza, la mayoría de niños que habitan el suelo argentino sufren las consecuencias de tener padres sin ningún tipo de asignación. Indudablemente, y a pesar de pregonar lo contrario en los discursos oficiales, esta situación los deja fuera de los márgenes de la inclusión.
Es el Estado el responsable de desatar los fuertes nudos de los intereses corporativos (empresariales, sindicales, financieros) que sostienen este conservador esquema de explotación.
Superando la retórica vacía, evitaremos más perjudicados y lograremos solidaridad y justicia con las víctimas: los chicos argentinos.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/
No hay comentarios:
Publicar un comentario