Estamos atravesando momentos delicados en lo que se refiere a la calidad institucional. La democracia que tanto nos costó conseguir no está siendo amenazada desde afuera como tanto se dice. Está siendo diezmada desde adentro, por aquellos que evaden las normas constitucionales, por aquellos que no respetan ni el federalismo ni las potestades del Congreso. No es raro que este tipo de ataques generen conflictos.
La resolución ministerial 125 fue el detonante de una situación sin precedente en la historia nacional. Están emplazando a los productores a la pérdida total de la rentabilidad. El mantenimiento de la resolución 125 aumentará la crisis de representación y contribuirá a alterar la paz social. Los efectos de la 125 serán la destrucción del principio de la prosperidad que han sabido construir y ganarse los hombres de trabajo del interior del país.
La resolución no solo no debe ser ratificada, sino que debe ser suspendida, a fin de darle a este parlamento el tiempo necesario para la confección de políticas integrales a largo plazo.
Muchos de los que estamos aquí representamos a comunidades pequeñas del interior del país, y en defensa de esos pueblos es que tenemos que asumir hoy la responsabilidad de defender sus puestos de trabajo.
La actividad agropecuaria es una gran generadora de puestos de empleo, pero también puede ser un gran generador de pobreza, si no hay actividad económica.
Por otra parte, debemos dejar de legislar para el corto plazo. Debemos sancionar de una vez por todas las leyes necesarias para establecer políticas de estado para el sector.
El hombre de campo vive en pueblos que con esta resolución van a estar cada vez más empobrecidos. No queremos volver a ver a los pueblos paralizados, y que tengan que cerrar sus persianas, como lo hicieron en la década del ´90.
No se puede hablar de distribución del ingreso socavando las autonomías provinciales y las autonomías municipales. Redistribución es sinónimo de recuperar la dignidad y no la cooptación de voluntades.
La resolución ministerial 125 fue el detonante de una situación sin precedente en la historia nacional. Están emplazando a los productores a la pérdida total de la rentabilidad. El mantenimiento de la resolución 125 aumentará la crisis de representación y contribuirá a alterar la paz social. Los efectos de la 125 serán la destrucción del principio de la prosperidad que han sabido construir y ganarse los hombres de trabajo del interior del país.
La resolución no solo no debe ser ratificada, sino que debe ser suspendida, a fin de darle a este parlamento el tiempo necesario para la confección de políticas integrales a largo plazo.
Muchos de los que estamos aquí representamos a comunidades pequeñas del interior del país, y en defensa de esos pueblos es que tenemos que asumir hoy la responsabilidad de defender sus puestos de trabajo.
La actividad agropecuaria es una gran generadora de puestos de empleo, pero también puede ser un gran generador de pobreza, si no hay actividad económica.
Por otra parte, debemos dejar de legislar para el corto plazo. Debemos sancionar de una vez por todas las leyes necesarias para establecer políticas de estado para el sector.
El hombre de campo vive en pueblos que con esta resolución van a estar cada vez más empobrecidos. No queremos volver a ver a los pueblos paralizados, y que tengan que cerrar sus persianas, como lo hicieron en la década del ´90.
No se puede hablar de distribución del ingreso socavando las autonomías provinciales y las autonomías municipales. Redistribución es sinónimo de recuperar la dignidad y no la cooptación de voluntades.
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