En un fallo de gran significación para las arcas del país, el juez de Asís Soto revirtió la decisión judicial de 2005 que obligaba al Estado a pagar al Grupo Greco más de 300 millones de pesos.
El juez en lo civil y comercial el pasado 11 de agosto de 2005 dio por homologada la liquidación, hasta la suma de $332.396.128,64, y efectúo la sentencia de pago.
Sin embargo, las pruebas suministradas por el titular de la UCR, Gerardo Morales, y el jefe de la bancada radical, Ernesto Sanz, fueron escenciales para la anulación de esa sentencia.
La pormenorizada investigación de los senadores radicales acerca del millonario reclamo que lleva ya casi 30 años sobre la quiebra e intervención del mendocino Grupo Greco, fue un fundamental aporte a la causa.
“Resuelvo dejar sin efecto el segundo párrafo del auto de fojas 1329 que dice ´en consecuencia, homologase la liquidación conformada por las partes, con el alcance y modalidad indicada en los puntos 4, 5 y 6 del escrito de fojas 1310/13 hasta la suma de $ 332.396.128,64´”, afirma el juez en el fallo firmado esta mañana, viernes 25 de julio, en Tribunales de esta Capital.
“Por lo demás, tampoco puede dejar de ponderarse la entidad de las sumas en juego que afectan al patrimonio del Estado, extremo que constituye una cuestión de orden público por estar vinculada al interés general en el que tiene primacía la búsqueda de la verdad material”, agrega de Asis Soto, quien concluye: “en definitiva, no obstante el rechazo de la nulidad planteada sobre la base de una resolución administrativa que considero ilegítima, por las razones que ponderé precedentemente, debe aceptarse la revisión de la liquidación aprobada para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia, sin afectar la cosa juzgada atento a la naturaleza provisional del auto que aprueba la liquidación.”
Los radicales al tomar conocimiento de la acción judicial, revalidaron las conclusiones que habían surgido de su trabajo presentado públicamente en febrero pasado.
En primer lugar, la única razón por la que no se efectivizó el pago fue la falta de crédito presupuestario. A pesar de que no se efectuaron las compensaciones debidas, el PEN impulsó un Proyecto de Ley de ampliación presupuestaria en $ 587 millones para concretar el pago.
En el mismo sentido, Sanz y Morales recordaron el incumplimiento de la obligación de informar, ya que la respuesta del PEN, tuvo un año de demorada, y fue parcial e insuficiente.
La UCR, entonces, apeló al decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública, atento a que además el oficialismo en el Senado se mostró renuente a canalizar por los caminos parlamentarios el control de estos actos.
El juez en lo civil y comercial el pasado 11 de agosto de 2005 dio por homologada la liquidación, hasta la suma de $332.396.128,64, y efectúo la sentencia de pago.
Sin embargo, las pruebas suministradas por el titular de la UCR, Gerardo Morales, y el jefe de la bancada radical, Ernesto Sanz, fueron escenciales para la anulación de esa sentencia.
La pormenorizada investigación de los senadores radicales acerca del millonario reclamo que lleva ya casi 30 años sobre la quiebra e intervención del mendocino Grupo Greco, fue un fundamental aporte a la causa.
“Resuelvo dejar sin efecto el segundo párrafo del auto de fojas 1329 que dice ´en consecuencia, homologase la liquidación conformada por las partes, con el alcance y modalidad indicada en los puntos 4, 5 y 6 del escrito de fojas 1310/13 hasta la suma de $ 332.396.128,64´”, afirma el juez en el fallo firmado esta mañana, viernes 25 de julio, en Tribunales de esta Capital.
“Por lo demás, tampoco puede dejar de ponderarse la entidad de las sumas en juego que afectan al patrimonio del Estado, extremo que constituye una cuestión de orden público por estar vinculada al interés general en el que tiene primacía la búsqueda de la verdad material”, agrega de Asis Soto, quien concluye: “en definitiva, no obstante el rechazo de la nulidad planteada sobre la base de una resolución administrativa que considero ilegítima, por las razones que ponderé precedentemente, debe aceptarse la revisión de la liquidación aprobada para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia, sin afectar la cosa juzgada atento a la naturaleza provisional del auto que aprueba la liquidación.”
Los radicales al tomar conocimiento de la acción judicial, revalidaron las conclusiones que habían surgido de su trabajo presentado públicamente en febrero pasado.
En primer lugar, la única razón por la que no se efectivizó el pago fue la falta de crédito presupuestario. A pesar de que no se efectuaron las compensaciones debidas, el PEN impulsó un Proyecto de Ley de ampliación presupuestaria en $ 587 millones para concretar el pago.
En el mismo sentido, Sanz y Morales recordaron el incumplimiento de la obligación de informar, ya que la respuesta del PEN, tuvo un año de demorada, y fue parcial e insuficiente.
La UCR, entonces, apeló al decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública, atento a que además el oficialismo en el Senado se mostró renuente a canalizar por los caminos parlamentarios el control de estos actos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario